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Economía y derechos humanos en tiempos de COVID-19

La actual crisis, que es de orden sistémico, requiere una mirada compleja para la comprensión de su magnitud. Acá una perspectiva.

Por: Emma Ávila Garavito, profesora de la Especialización y Maestría en Gerencia Social, de la Facultad de Ciencias Empresariales, UNIMINUTO Rectoría Bogotá Sede Principal.

Asistimos a un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad. Nunca antes habíamos evidenciado un acontecimiento de igual magnitud que pusiera al mundo en la lucha contra un mismo enemigo: el COVID-19. Un virus que, dada su alta probabilidad de contagio, se ha convertido en una amenaza para la vida de todos los seres humanos, desencadenando, además, una crisis social, económica y política de alto impacto, la cual ha afectado de manera diferencial a los sectores más vulnerables de la sociedad, a las poblaciones con menos recursos, economías primarias y a países con instituciones débiles, con políticas sociales y sistemas sanitarios más precarios.

Dicha crisis social económica y política hunde sus raíces en tres elementos que considero fundamentales:

El primero, el mundo globalizado con relaciones de interdependencia muy profundas a nivel del mercado y con niveles de gobernanza de los Estados bastante reducidos; gran porcentaje de las decisiones económicas y por supuesto, políticas, obedecen al manejo global del sistema financiero y la bancocracia, como se pudo evidenciar en la cuna de la democracia, en Grecia, durante las negociaciones del pago de la deuda “pública” entre el gobierno de Alexis Tsipras, con Varoufakis a la cabeza, y la Troika.

El segundo, consecuencia en buena medida del primero, es la gran concentración de la riqueza global en donde, como lo señala Joseph Stiglitz, el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita para llevar una vida digna. Para Paul Krugman, la excesiva concentración del ingreso y de la riqueza es supremamente grave para cualquier país, debilitando las instituciones y las políticas sociales que el Estado debe garantizar. Pero quizá el mayor teórico sobre la desigualdad en los últimos tiempos es Thomas Piketty, quien en su obra El capital en el siglo XXI presentó el trabajo estadístico que recoge cifras de los últimos 200 años evidenciando cómo la tasa de rendimiento del capital aumenta por encima de la tasa de crecimiento del PIB, con lo cual la parte que le corresponde al trabajo disminuye, creando desigualdad en los ingresos y alta concentración de la riqueza.

Finalmente, el tercero es la crisis medio ambiental a la cual se ha llegado por el crecimiento desmedido de la población mundial, acompañado de las tasas altas de urbanización. Los recursos naturales renovables y no renovables han sido explotados al máximo para atender los índices de consumo tanto en países desarrollados, como en los países en vías de desarrollo, ocasionando daños irreversibles en la biodiversidad, contaminación en las fuentes hídricas, agotamiento de las fronteras agrícolas, etc., problemas que se evidencian a nivel global y que en el territorio afectan mucho más a personas que se encuentran en los cordones de pobreza de las ciudades y de los campos, poniendo en riesgo incluso la propia seguridad alimentaria, como lo señalan autores como Amartya Sen, Martha Nussbaum y Jeffrey Sachs.

En resumen, este acontecimiento de la humanidad nos sorprende en medio de un escenario particular: globalización en su máxima expresión, desigualdad económica y crisis medio ambiental; tres factores que, en buena medida, son consecuencia, del modelo neoliberal, que se ha profundizado en las últimas cuatro décadas, y que ha tenido además una repercusión enorme en la disminución de las políticas sociales, que en últimas son las garantes, desde el Estado, de la realización efectiva de los derechos humanos de segunda generación, es decir, los derechos económico, sociales, culturales y ambientales (DESCA), que buscan blindar a las comunidades más vulnerables en materias como: salud, educación, trabajo, vivienda digna, seguridad alimentaria, etc. De tal manera, podemos observar cómo esta crisis es de orden sistémico global y por tanto requiere una mirada compleja para la comprensión de su magnitud.

Para autores como Slajov Zizeck, esta crisis se presenta como una oportunidad de cambio del sistema capitalista neoliberal, aunque para dicho cambio se necesite también, una acción de los movimientos sociales a nivel global. Otros autores como el surcoreano Byung-Chul Han, son menos optimistas frente al cambio global, mucho más en épocas de aislamiento y regreso al individualismo generalizado. En lo que sí coinciden los intelectuales, es que el mundo cambió, al menos en el agotamiento del neoliberalismo económico como lo conocíamos, lo cual se evidencia en el cierre de fronteras, incentivo a la producción nacional y el apalancamiento de los Estados hacia la economía.

En este sentido, más allá de la economía de libre mercado que se ajusta, se abre otra pregunta fundamental sobre esa otra cara de la moneda del capitalismo, es decir, la democracia liberal, esa que eligió a personajes como: Boris Jhonson, Donald Trump y Jair Bolsonaro, y que hoy gestionan la crisis al margen de las recomendaciones científicas. De tal manera, la periodista Naomi Klein, ha llamado la atención sobre la doctrina del shock y cómo los Estados totalitarios la han usado históricamente para imponerse con mayor fuerza, poniendo en jaque a la democracia real o directa, tal y como se evidencia ya en estos países; lo particular es que todo esto sucede, ad portas, de las elecciones en Estados Unidos de América.

Mientras el panorama geopolítico del mundo se acomoda, en los territorios la crisis se profundiza: el virus ha afectado de manera diferenciada a migrantes y refugiados de todo el mundo: los sirios, centroamericanos, venezolanos, incluso la clase media y baja que habían viajado a estudiar o a trabajar a otros países. El hacinamiento en las cárceles, las ha convertido en foco de propagación, y en países como El Salvador la violación a los derechos humanos de los prisioneros es alarmante. Pero el hacinamiento no se vive solo en las cárceles, en las favelas de Brasil, en las barriadas mexicanas o en los arrabales argentinos, miles de familias padecen en sus viviendas el hambre producto de su empleo informal.

La respuesta del sistema para la garantía del derecho a la educación es insuficiente, y de acuerdo a datos de la Unicef el 80% de los niños del mundo están desescolarizados en estos momentos debido a la carencia de herramientas informáticas y redes de internet. Por supuesto, el derecho que más ha evidenciado sus fallas, es el derecho a la salud; países como España e Italia que de lejos tienen sistemas de salud mucho mejores que los latinoamericanos, e incluso que el estadounidense, colapsaron por la pandemia, reflejando también el ajuste fiscal que se ordenó para salir de la crisis del 2008.

En Colombia, la situación no es menos preocupante. El sistema de salud no da abasto a nivel general en condiciones normales; en ciudades como Quibdó o Leticia, no hay hospitales adecuados para atender la crisis. La educación virtual no cubre ni el 90% del territorio en todos los sus niveles. En Bogotá, en los barrios de localidades como Ciudad Bolívar, Bosa y Suba, cada vez aumenta la presencia de banderas o trapos rojos en señal de hambre, mientras sus habitantes buscan, como de costumbre, algo para sobrevivir a diario. En la Guajira los niños siguen muriendo por la inasistencia del Estado, el mismo que ha amparado la desviación de ríos para garantizar las actividades extractivistas. En el Meta, de los 565 casos reportados, 508 son de la cárcel; esto es también producto del hacinamiento y las pésimas condiciones de salubridad que se replican en todos los centros penitenciarios del país.

Mientras estas cifras revelan el abandono del Estado en la atención de políticas sociales para las garantías de los DESCA, siguen apareciendo escándalos de corrupción, incluso con los dineros que hacen parte de las ayudas a las poblaciones más vulnerables. En los hogares la violencia sexual, psicológica y física contra niños, niñas y mujeres ha aumentado cerca del 150% de acuerdo a las denuncias que se han podido reportar, las cuales, se estima que son tan solo el 30% de las cifras reales. ¿Cuántas niñas tienen que pasar su cuarentena encerradas con sus violadores?

Mientras todo esto pasa, los líderes sociales, esos que en los territorios son los garantes del cumplimiento de los acuerdos de paz, defensores de DD. HH., del territorio y la vida, siguen siendo asesinados, incluso en áreas como el suroccidente colombiano se ha recrudecido estas masacres; la semana anterior, fue asesinado un líder comunal en Mercaderes, Cauca, junto a su esposa, nieta y uno de sus hijos, con quienes seguramente pasaban la cuarentena; dejaron vivo solo a su hijo menor y lo hicieron, como de costumbre, para que “eche el cuento” ese que ha tenido que echar las casi 8 millones de víctimas de desplazamiento forzado en el país; muchas de ellas hoy pasan su cuarentena en los cambuches de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

Con todo esto, cierro esta reflexión dejando abiertas las siguientes preguntas. La primera: ¿nos afectaría de la misma manera el COVID-19 si hubiéramos gestionado desde la economía la garantía de los derechos humanos antes de la crisis? Y la segunda: ¿cómo podemos gestionar la crisis desde la economía para buscar garantizar los DD. HH?

 

(Foto tomada de: led.fm)